Thursday, February 23, 2006

Hannibal "campE.ON" ante portas?

Definición de Mercado Relevante a efectos de la Ley de la Competencia de la Comunidad Europea


Mientras que la idea de mercado constituye un concepto intuitivo de uso común, el concepto de "mercado relevante" no resulta tan conocido, principalmente porque es un concepto técnico utilizado solamente en el campo de las leyes de la competencia. Es importante comprender el significado de mercado relevante y cómo lo definen las autoridades de la competencia cuando se tiene interés en asuntos de política de la competencia.

En diciembre de 1997, la Comisión Europea publicó su conocida Notice on the definition of the relevant market for the purposes of Community Competition law. en la que establecía con detalle la manera en que la Comisión realiza sus análisis de mercados geográficos y mercados de productos.

Vea también en este mismo blog la traducción de la Declaración del CEER de 6 de Octubre de 2003: EU: Completing the Internal Energy Market: The Missing Steps


Daños al corazón del mercado único europeo

Por Mario Monti, presidente de la Universidad Bocconi de Milán y ex comisario del Mercado Interior y de la Competencia de la UE (EL PAÍS, 03/03/06. Este artículo ha sido publicado inicialmente en el Financial Times):

El mercado único, un pilar básico de la Unión Europea (UE) desde su fundación, peligra. Varios países miembros se muestran reacios a proseguir su construcción; se oponen, por ejemplo, a la directiva de los servicios. Incluso intentan debilitar el funcionamiento de aquellos componentes del mercado único que ya están en vigor, y se oponen a las absorciones extranjeras. Lo preocupante es que el epicentro de esta revuelta contra el mercado único se localiza en países que constituyen el núcleo de la moneda única. Para poder proporcionar las ventajas que se esperan del euro, la eurozona necesita tener un mercado más unificado que el resto de la UE, pero el que tiene ya lo está menos. El euro, pensado como logro máximo del mercado único, parece cada vez más una moneda en busca de mercado.

Los recientes signos de reaparición del nacionalismo económico son motivo de preocupación, pero también un indicador del éxito. La actual oleada de fusiones internacionales, que está induciendo a algunos gobiernos a tomar medidas, simplemente no se habría producido si el mercado único y la competencia no hubieran avanzado tanto en la realidad de la economía y en la actitud de la comunidad empresarial. Tras una fase de fusiones y adquisiciones principalmente nacionales, las empresas aprovechan el mercado único para efectuar muchas más transacciones transfronterizas. Los directivos empresariales ya no están dispuestos, como solían estar en el pasado, a renunciar a los planes de adquisiciones internacionales sólo porque las autoridades nacionales den señales desalentadoras con sus palabras, o con un simple movimiento de cejas.

Hace sólo unos años, el Banco Santander español fue una excepción al recurrir a la Comisión Europea para superar los obstáculos erigidos por Portugal a la fusión con Champalimaud. Ahora esta osadía se está convirtiendo en la norma cuando una empresa se enfrenta a obstáculos que considera ilegales. ABN Amro, el banco alemán, adoptó un planteamiento similar respecto a Italia el año pasado. No cabe duda de que los grupos E.ON, de Alemania, y Enel, de Italia, harán lo mismo si se enfrentaran a medidas que consideraran ilegales por parte de las autoridades españolas y francesas, respectivamente.

No es de extrañar que, a medida que la “persuasión moral” o las amenazas veladas se vuelven menos eficaces, los gobiernos se sientan más tentados a usar la oposición directa. Sin embargo, antes de sucumbir a la tentación, deberían estudiar a qué patrie sirven realmente con su patriotisme économique. En muchas ocasiones, resulta ser la patrie de patrons concretos más que la de la comunidad empresarial en general, por no hablar de los consumidores y la economía en su totalidad. (Uso aquí expresiones francesas sólo porque son mejores para denotar un fenómeno extendido en todo el continente europeo).

La renuencia a abrir el mercado al control empresarial es de hecho más fuerte en Francia y Alemania, los países que también se opusieron al establecimiento de directivas más liberales sobre las absorciones y los servicios. Éstos y otros países de la eurozona han estado demorando en muchos sentidos y desde hace varios años la realización del mercado único en toda la UE. Además, se hacen los distraídos a la hora de permitir que el mercado único, en la medida en que ya existe sobre el papel, funcione plenamente en el tejido de sus economías internas. De hecho, son más lentos a la hora de trasladar las directivas del mercado único a la legislación nacional y son denunciados ante el Tribunal Europeo de Justicia con más frecuencia que otros por infracciones relacionadas con las normas del mercado único.

La adhesión a la moneda única, pero no realmente al mercado único, es una receta para los malos resultados económicos internos, y puede acabar creándole problemas al euro, o como mínimo a su aceptación por parte de la opinión pública. Los gobiernos no sólo deberían reflexionar sobre el fondo, sino también sobre las percepciones. Tomemos el caso de Gaz de France y Suez. Los mercados financieros decidirán si se producirá la fusión anunciada o si acabarán triunfando otros compradores en potencia de Suez (Enel u otros). Y la Comisión Europea dirá si la fusión presenta problemas con respecto a las normas del mercado único y la competencia.

Pero ya ha tenido una consecuencia irreversible. La decisión del Gobierno francés de que la fusión deberá ser anunciada por el primer ministro y el ministro de Economía, junto con los presidentes de las dos empresas, probablemente haya grabado en la mente de millones de ciudadanos europeos que no se trata de una simple operación de mercado como otra cualquiera. La ayuda moral y política del Gobierno -no sólo como accionista de Gaz de France- no podría haber quedado más clara. A esos ciudadanos no les importaría realmente que se tratase de una “ayuda estatal” en el sentido jurídico. No nos debería sorprender que, en ocasiones futuras, en otros países, se politizaran las transacciones interfronterizas. En este contexto general para el mercado único, tan prometedor y tan crítico al mismo tiempo, la función de la Comisión Europea como ejecutor imparcial de las leyes debería seguir teniendo una importancia primordial.


¿Campeones nacionales? ¿Campeones europeos?

Por Juan Mascareñas Pérez-Íñigo; catedrático de Economía Financiera de la Universidad Complutense de Madrid (EL PAÍS, 18/02/06):

Y para que éste último pueda darse, la nueva compañía debe satisfacer las necesidades de sus clientes de una forma más eficiente que aquella en la que lo hacían las empresas intervinientes antes de la operación. Si esto se produce, la nueva empresa generará una mayor liquidez que antes, lo que redundará en un mayor valor de mercado.

El lector detectará que hay una excepción importante a lo dicho: la existencia de monopolios. Éstos también pueden crear valor pero ello no implica que satisfagan mejor las necesidades de sus clientes (sí deberían hacerlo en pura teoría, tal y como defendía Schumpeter, pero en la práctica esto no es así y por ello existen las leyes antimonopolio y las instituciones encargadas de velar por su cumplimiento). Por ello, en la economía de mercado los monopolios, o las empresas que dominan ampliamente un sector, son la excepción y no la regla; esto es así porque se ha demostrado hasta la saciedad que la competencia es buena para los clientes, para la mejor asignación de recursos, para la creación de riqueza y, por tanto, para la sociedad en general. La Comisión Europea, al menos a través de los comentarios realizados por los Comisarios de Competencia la señora Neelie Kroes y de Energía Andris Piebalgs, así lo piensa también y por ello dicha Comisión es contraria a todas aquellas agrupaciones empresariales que den lugar a compañías que pongan en peligro dicha competencia.

En concreto, la Comisión se opone a los denominados “campeones nacionales” y anima a la formación de los denominados “campeones europeos”. Esta toma de postura parece lógica desde una visión europeísta puesto que implica que los campeones nacionales, es decir grandes compañías que gozan de un gran poder de mercado “protegido” en su sector dentro de un Estado miembro en concreto, dañan la libre competencia dentro de la Unión Europea perjudicando a otras empresas radicadas en los otros Estados que no pueden entrar a competir en igualdad de oportunidades en aquél. Esta falta de competencia, no lo olvidemos, acaba repercutiendo en un peor servicio (menos eficiente y más caro) a los clientes, es decir, a los ciudadanos. En una Europa unida en la que se tiende a tener una única moneda y con cada vez más cosas en común, tener unos reinos de Taifas económico-empresariales no parece lógico. Incluso, yendo más allá, por las mismas razones tampoco se debería incentivar la creación de campeones europeos aunque posiblemente su poder de mercado sea inferior en relación al de los nacionales. En palabras de Martin Hellwig, ex-presidente y miembro de la Comisión de Monopolio alemana, “son las compañías y no las economías las que deben competir internacionalmente”.

En este sentido la legislación de la UE da a los ciudadanos europeos, a partir de julio de 2007, el derecho a elegir su compañía suministradora de energía (gas y electricidad, en concreto). Por cierto, que los españoles ya gozamos de dicho derecho. Dado que todas las compañías compartirán los mismos sistemas de transporte de energía, ellas deberán competir entre sí por ser elegidas por los usuarios. Ello debería redundar en unos mejores precios y en una mejor asignación de recursos siempre, claro está, que la Comisión Europea acierte a diseñar las adecuadas reglas de juego de dicho mercado.

Una razón importante que puede justificar la existencia de campeones nacionales es la de que nuestros competidores directos también los tienen y, por tanto, su existencia es un mecanismo de defensa. Pero si esto es así, se hace difícil explicar a los ciudadanos que Europa se mueve hacia una Unión Económica: todos decimos que la solución es “más Europa” pero no nos fiamos unos de otros; curiosa contradicción. Pero aunque esto fuese cierto (y algo hay de ello) no olvidemos que estos “campeones” son, al fin y a la postre, empresas cuyos accionistas no son diferentes del resto de los accionistas de otras compañías por lo que buscan la mayor rentabilidad posible para el riesgo que asumen (lo del orgullo nacional aquí no tiene valor económico); muchos de los inversores que detentan una parte importante del capital -los inversores institucionales- ni siquiera sabrían situar en un mapa dónde está el país en el que está radicada. Por tanto, para que estas empresas sean tan rentables como otras similares de ámbito más global deberán tener ayuda de sus gobiernos vía subvenciones, fijación de precios, barreras de entrada, etcétera, lo que será fantástico para sus accionistas, pero y ¿para sus clientes?, ¿no tendrán éstos que pagar un precio mayor por los productos o servicios proporcionados por aquéllas?, ¿radicará en los bolsillos de estos ciudadanos, que tienen difícil el dejar de ser clientes de este “campeón” y pasarse a serlo de una empresa competidora con precios inferiores, la defensa del denominado “interés nacional”?.

Luego está la cuestión de quién decide en qué sector va a existir un “campeón nacional”. Es decir, ¿por qué en este sector sí y en ese otro no?. Por mucho que algunos se empeñen, y a pesar de sus imperfecciones, el mercado es el mejor mecanismo de elección de que disponemos. El mercado decidirá dónde es mejor disponer de grandes empresas (con las limitaciones impuestas por las instituciones defensoras de la competencia) y dónde no es interesante. Además, cuando los gobiernos de los Estados deciden apostar por un campeón nacional en un sector que ellos consideran adecuado, estratégico, etcétera, impulsando su competitividad están perjudicando simultáneamente la competitividad de otros sectores del país. Para poder convencer a los socios internacionales de la utilidad de la creación de un campeón nacional, que va a limitar la competencia en un sector determinado, se deberá sacrificar a otro u otros sectores en el que se permita la entrada de las compañías de otros países, el resultado es un tratamiento desigual a los accionistas, empleados y clientes de los diversos sectores; dejo al lector que piense cuáles salen perjudicados y cuáles beneficiados. Así que la “creación de un campeón nacional” implica que, por lo general, haya que destruir a otro o impedir la creación de aquellos a los que el mercado apoyaría.

Recordemos que hasta los años 90 del siglo pasado en Europa teníamos “campeones nacionales” que operaban en régimen de monopolio o cuasi-monopolio y que en esa década se les permitió entrar en competencia directa con sus homólogos de otros países, la lección fue dura (incluso estando protegidas por “acciones de oro”) pero muchas de esas grandes empresas hoy son verdaderas transnacionales europeas que compiten en los mercados internacionales y se gestionan de forma mucho más eficiente de cómo lo eran en las décadas pasadas. ¿Acaso, se pretende rebobinar la película?.

En conclusión, un campeón nacional no deja de ser una forma moderna de proteccionismo, ¿pero no habíamos quedado en que el proteccionismo era perjudicial para la economía nacional y por ende para los ciudadanos y que por ello se persiguió, no sólo la creación de la Unión Económica y Monetaria Europea, sino de otras zonas de librecambio, y de acuerdos internacionales de libre comercio entre dichas zonas económicas?. No creo que ningún ciudadano europeo desee renunciar al “poder” de elegir.


¿Campeones o nacionales?
Alfredo Pastor. Profesor del IESE y del CEIBS de Shangai
Publicado en El País el 17 de Marzo de 2006-03-18

Aunque no sepamos muy bien por qué, todos sabemos que nuestro sector energético está en un equilibrio inestable, perturbado de vez en cuando por amagos de concentración casi siempre frustrados. Ante cada uno de estos movimientos, nuestras autoridades han debido elegir entre mantener la competencia en el mercado interno y propiciar la creación de grandes empresas con posibilidades de proyectarse en el exterior, y, con gobiernos de uno u otro signo, han manifestado cierta preferencia por lo segundo, como se ha hecho patente con ocasión de la OPA de Gas Natural sobre Endesa.

La oferta de la empresa alemana E.ON cambia los términos del dilema: nuestras autoridades deben ahora decidir si prefieren que Endesa forme parte de uno de los actores principales del panorama energético mundial –aunque se trate de un actor nacido en otro país- o si les gustaría más contar una empresa bastante menor –Gas Natural más Endesa sumarían la mitad de EDF, el “campeón nacional” francés y ocuparían el sexto puesto de Europa- pero con sede social en España. No hay que exagerar los extremos: ni Endesa es hoy propiedad exclusiva de españoles –de modo que la absorción en E.ON podría ser más un cambio de grado que de naturaleza -, ni el Gobierno puede hacer lo que quiera; pero hay que admitir que Endesa más E.ON quedaría menos sujeta a la influencia de nuestro Gobierno que Endesa más Gas Natural, y que el Gobierno tiene cierto margen de maniobra, así que ha de decidir. Imagine entonces el lector que ocurre algo insólito: el Gobierno le pide opinión. ¿Qué le aconsejaría?.

Podría empezar por prescindir de los epítetos al uso –las acusaciones de “proteccionismo” o “patriotismo económico”, a las que cabría contraponer las de “entreguismo” o “librecambismo irresponsable”- y partir de una observación de sentido común, nada original y bien documentada, a saber: que el laissez-faire no es, ni un dogma de fe, ni una doctrina científica, sino una regla práctica; acertada en general, pero que admite excepciones. A continuación, podría proceder como hacen nuestros socios comunitarios, pensando en primer término en lo que más nos conviene, aunque procurando que eso coincida con lo que le convendría a la Unión Europea; y podría por fin preguntarse: ¿qué es mejor para los intereses españoles en este caso: ser cola de león, o correr el riesgo de quedar en cabeza de razón?

El instinto nos recomienda procurar que el sector energético español quede, en lo posible, en nuestras manos: solo así, nos dice, quedan garantizadas la calidad y continuidad de algo tan necesario como es el suministro eléctrico; y solo así se puede mantener el empleo en el sector. Ya ve el lector que el instinto no siempre es buen consejero: por una parte, en un sector tan reglamentado como es y seguirá siendo el eléctrico, la forma de asegurar la calidad del servicio es, no la propiedad de las empresas, sino una regulación adecuada de sus comportamientos: cualquier empresa eléctrica quedará sometida a unas reglas cada vez más uniformes en el ámbito europeo, y poco importará quienes sean sus accionistas. En cuanto a la hipotética pérdida de puestos de trabajo, no exageremos: el sector lleva más de una década reduciendo sus plantillas por todos los medios a su alcance; una fusión, nacional o extranjera, hará que sobren algunos puestos, pero no en número suficiente como para que lo registren las estadísticas de empleo. Eso sí: algunos servicios, prestados hoy desde aquí, pasarán a ser contratados en Düsseldorf, y allá habrá que ir a ofrecer consultoría, asistencia técnica y cursos para formación de directivos. Esta es, desde luego, una pérdida, si bien hay que observar que nuestras buenas escuelas y empresas de servicios llevan ya algún tiempo considerando el mercado europeo como su terreno natural de juego, y ofrecer sus servicios en el extranjero no es nada nuevo para ellas.

A los argumentos “nacionalistas”, no muy sólidos en este caso, puede un oponer el habitual del partidario del laissez-faire: que el mayor tamaño va a asociado a una mayor eficiencia. Tampoco ese argumento es muy convincente, porque Endesa es ya bastante grande para haber agotado todas las economías de operación vinculadas al tamaño; es incluso concebible que Endesa más E.ON pueda sufrir de ser demasiado grande. Pero hay otro: un artículo reciente de Jürgen Donges nos recuerda que, durante las próximas décadas, asistiremos a una lucha por el acceso a las materias primas energéticas –petróleo, gas e incluso carbón- en todo el mundo; en esa lucha contarán sobre todo el peso de cada uno de los contendientes, y el apoyo político de que disfrute: en efecto, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito nacional o en el europeo, el panorama energético mundial se parece más a un combate de lucha libre que a un mercado regulado. En la medida que esto sea cierto, un país como el nuestro difícilmente podrá pensar en crear campeones nacionales en este sector, e interesará más al consumidor español estar a la sombra de alguien mayor.

Hay que poner en tela de juicio otro argumento empleado por los defensores del blindaje, a saber: que todo el mundo hace lo mismo. Hasta la fecha, solo un país –Francia- ha reaccionado con medidas defensivas; pero la empresa eléctrica francesa es, hoy, la mayor de Europa –de modo que puede ser considerada como un verdadero campeón- y, aún así, pude que esas medidas defensivas constituyan un error: no hay por qué imitarlas.

Y quizá todo ello nos lleve –sea cual sea el resultado en este asunto- a hacernos una reflexión más general: en algunas actividades, como es el caso del turismo, somos actores en la escena mundial: pero son muy pocas. En las demás, tenemos más a ganar tratando de conquistar algo del mercado europeo, que empeñándonos en defender el nuestro: no se trata solo de que no podamos ir a contracorriente del proyecto europeo; es casi nunca nos conviene hacerlo.

Ser Liberal
Por Francisco J. Laporta, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid (EL PAÍS, 18/03/06):

Es tiempo ya de salir al paso de un lamentable estado de opinión sobre el alcance de lo que significa ser o no ser liberal. La creciente distorsión que se va produciendo entre nosotros desde hace algunos años obliga a poner las cosas en su sitio. El verano pasado, por ejemplo, fallecía en Madrid Rafael Termes, figura conocida en la vida bancaria del país y notorio miembro del Opus Dei. Muchas de las crónicas y epitafios que se le dedicaron afirmaron, aunque parezca increíble, que por encima de todo se trataba de “un liberal”. No hace tanto tiempo que se ha podido leer en una entrevista a la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Esperanza Aguirre, una suerte de desafío del siguiente tenor: “Que se me diga en qué me he salido yo del ideario liberal”. Por no mencionar, claro está, ese estilo impostor de hacer información y opinión que, blasonando también de liberal, podemos escuchar todos los días -¡cosas veredes!- en la cadena radiofónica de la Conferencia Episcopal española. El liberalismo, que no hace tanto tiempo era pecado, ha mutado sorprendentemente hasta convertirse en aliado inseparable del clero. En estos días, y para redondear esta turbia mezcolanza, la convención nacional del Partido Popular ha concluido afirmando que su programa y su trayectoria también pretenden fundamentarse en el liberalismo.

Eso de ser liberal, sin embargo, descansa en algunas convicciones que, con todo respeto, no son ni las del Opus Dei, ni las de los obispos españoles, ni las del Partido Popular. Descansa, para empezar, en una idea central: que el libre desenvolvimiento de la personalidad es parte esencial de lo que es el bien del ser humano, condición necesaria para la civilización, la ética y la cultura. Es la concepción de la persona como artífice de sus propios pensamientos, de sus propios actos y de sus propias decisiones, como dueña de sí misma. El liberal piensa que el diseño de la propia vida es lo que determina la valía fundamental de lo que es un ser humano. Y por ello ha de exigir para toda persona al menos estas cosas: el máximo de libertad, tanto externa como interior, compatible con una igual libertad para los demás, el protagonismo fundamental de las decisiones propias en la trayectoria de cada vida, y el fomento de las facultades básicas de deliberación y elección que hacen esto posible. Y por lo que respecta a la trayectoria moral de los individuos, debe mantener la convicción de que no puede haber ningún mandamiento moral externo que se imponga arbitrariamente a las convicciones que cada uno, en su deliberación racional en libertad, estime como las más adecuadas. En definitiva, debe pensar al ser humano como alguien definido moral y vitalmente por sus propias decisiones, modelador y escultor de sí mismo. La autonomía personal es para el liberal aquello que nos eleva a la categoría de seres morales, aquello que nos constituye como actores en el desarrollo de nuestras convicciones sobre lo que es bueno y lo que es malo. Ser actor de mi vida es lo que me transforma en persona en el sentido moral, lo que me confiere el mérito moral y me hace moralmente responsable. Si fuera un ser pasivo en el que se inducen automáticamente comportamientos y sensaciones, por exitosas o placenteras que fueran, no tendría el más mínimo papel en el universo moral, como no lo tiene la planta que produce flores, por bellas que éstas sean, o el sujeto que es llevado por una fuerza insuperable a realizar una acción buena. Lo que me instala en el universo de la ética es mi condición de ser humano autónomo. Esa convicción es el centro de gravedad de lo que significa ser liberal.

Como es fácil de imaginar, un punto de partida tan poderoso arrastra tras de sí muchas y muy importantes consecuencias. En primer lugar, y por lo que a la vida política se refiere, toda la actividad política y los proyectos de la sociedad se tornan en un gran proceso de deliberación entre personas libres y autónomas que intercambian sus ideas presididas por la virtud de la tolerancia y la guía de la racionalidad. No tienen sitio por ello aquí la descalificación y el improperio, la imposición o el trágala, o la manipulación de los datos y la excitación tramposa de resortes emocionales. Para ser liberales, los partidos y sus responsables han de comportarse en las instituciones como en foros para la discusión racional y la exposición articulada de preferencias e intereses. Deben esforzarse porque en ellas se presenten al ciudadano las razones de las decisiones que se adoptan y los fundamentos en que se basan las directrices políticas que se persiguen. Para ello deben hablar y razonar, nunca mentir, alegar pros y contras, nunca distorsionar, y tratar a los demás actores políticos y sociales con el respeto que deriva de su condición de partícipes de la peripecia política de la comunidad, nunca denigrarlos o insultarlos. El liberal no distorsiona ni compromete las instituciones de la democracia para obtener un rédito de partido, y menos aún se dedica a falsearlas para hacerlas actuar en su propio beneficio.

Por lo que respecta a la información pública en los medios de comunicación, el liberal es veraz, independiente, imparcial y limpio. Tiene vedado engañar presentando sólo una parte de los hechos, medias verdades o simples mentiras. No debe interponerse con la propia ideología entre los hechos y los oyentes o los lectores para contaminar el mensaje, ni hacer pasar por realidad lo que es deseo de partido, ni jugar sucio para satisfacer al patrón. Como portador de una convicción sobre la mayoría de edad, la racionalidad y la dignidad de sus interlocutores, el informador liberal jamás denigra a nadie, ni desliza sugerencias que puedan minar la dignidad de los demás. No juega con trampa para ensalzar a nadie o socavar su reputación. Presenta hechos y argumentos procurando siempre que el razonamiento, aunque sea adverso a alguien, no toque siquiera la pielde la persona. No imputa gratuitamente delitos ni vehicula insidias que puedan destruir la imagen de aquel de quien habla. Y, por supuesto, se esfuerza siempre en no pasar de contrabando sus opiniones haciéndolas parecer informaciones.

No se es, por ello, liberal, cuando se piensa que es lícito mover a las personas mediante manipulación, catequesis, indoctrinación o lavados de cerebro. Y eso tiene mucho que ver con la actitud que se adopta respecto del sistema educativo. El liberal no puede, por ejemplo, ser partidario de la enseñanza pasiva puramente memorista, ni de la enseñanza obligatoria de la religión, pues ello implica faltar al respeto al educando en su incipiente autonomía personal. La idea misma de una entidad extraña y ajena que establece mediante argumentos de autoridad las pautas morales a seguir por el individuo es esencialmente contradictoria con el liberalismo. No estoy en condiciones de decir si la Iglesia española tuvo razón al señalar durante más de un siglo que el liberalismo era pecado, pero sí sé que el liberal no puede nunca aceptar la supremacía incondicionada de ninguna iglesia en materia de convicciones morales. Ser a la vez liberal y católico es en el fondo imposible.

Pero donde la confusión se ha impuesto con cinismo y facilidad ha sido en materia económica. Ha venido, además, consolidada por la estúpida complicidad de cierta izquierda que ha dado en repetir la misma cantinela equivocada frente a las políticas que se basan exclusivamente en una apelación incondicional a la economía de mercado. Se llaman desde entonces liberales (o neoliberales) a quienes son únicamente partidarios del libre mercado, tomando irresponsablemente la parte por el todo. A mí, sin embargo, me parece que aquellos cuyo liberalismo se basa únicamente en ese postulado y olvida todos los anteriores, no son liberales, sino libre-mercadistas. Sus ideales son de sobra conocidos: supresión de los impuestos, nula intervención pública en la economía, y organización perfectamente libre e incondicionada de los intercambios de mercado. De la condición humana ni se habla; basta con pensar en el Homo economicus. Al lado de esto, una base indispensable para ser un buen libre-mercadista es defender el statu quo económico, pues cualquier intervención exterior para modificarlo viola los presupuestos de los que se parte. La actual distribución de la riqueza no puede ser afectada por políticas públicas, porque las políticas públicas son, por definición, contrarias a los tres ideales anteriores. Que las cosas, por tanto, queden como están: éste es el supuesto fundamental del libre-mercadismo. Y es seguramente lo que le asimila vertiginosamente a todo conservadurismo y le permite gozar de los favores de la derecha y del apoyo mediático del clero. Por eso el Partido Popular dice que es liberal, aunque no lo es; como no lo son ni la Conferencia Episcopal ni el Opus Dei. Y es en este punto donde no puede, en efecto, registrarse ni una desviación de un milímetro en la trayectoria de doña Esperanza Aguirre. Pero, claro, esto puede ser cualquier otra cosa, pero no es ser liberal. Porque para ser liberal hay que ser como José María Blanco White, Mariano José de Larra, Francisco Giner de los Ríos, Gumersindo de Azcárate, Miguel de Unamuno, José Ortega y Gasset o Julio Caro Baroja, por poner unos nombres que nadie podría imaginarse apoyando a nuestra zafia derecha contemporánea. Tengo también un buen manejo de vivos, pero no lo voy a dar. Bueno, sí, mencionaré sólo a uno: Francisco Ayala, pero no vayan a proponerle que se afilie al Partido Popular porque lo matan del susto, y muchos deseamos que viva cien años más.

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